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Mesa del Diálogo Social


La Mesa Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) encabezada por su Secretario General Hugo Yasky fue recibida el pasado 6 de mayo por la Presidenta Cristina Fernández en el marco de la tercera ronda de consultas de la Mesa del Diálogo Social.
El titular de la CTA Hugo Yasky calificó como muy positiva la reunión con la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner.
“Hemos podido compartir una agenda de temas muy amplia, planteamos la necesidad de avanzar en el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, también transmitimos nuestra preocupación por la situación de los trabajadores tercerizados, el trabajo en negro y la explotación infantil, entre otros temas”, sostuvo.

"La agenda planteada hoy tendrá continuidad con los Ministros de cada área, y así se dará dinamismo al dialogo social”, explicó. Del encuentro, que se realizó en la Casa de Gobierno, también participaron el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y el Ministro de Economía Amado Boudou.
“Fue una reunión de dos horas intensa en su desarrollo y contenidos” caracterizó Yasky y señaló que “nosotros estamos de acuerdo con el balance hecho por la presidenta en cuanto a los avances sociales, económicos y en derechos humanos pero también aportamos una mirada crítica sobre cosas que faltan”. “Le hemos planteado a la Presidenta que continuaremos con nuestro reclamo y de otras organizaciones gremiales por la personería” finalizó.

Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la CTA y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA) sostuvo que es importante respaldar los avances que impulsó el gobierno nacional y agregó que “también planteamos la necesidad de seguir trabajando en asuntos sensibles para los trabajadores. La cuestión de imponer límites legales a las tercerizaciones y de buscar una solución definitiva para que los trabajadores de las cooperativas tengan plenos derechos sólo fueron algunos de los temas que señalamos como deudas pendientes. En muchos casos, como el de los fileteros de Mar del Plata o en la industria del cine, los trabajadores no son socios sino empleados encubiertos bajo esa figura”.
Integraron la comitiva de la Central 25 miembros de la mesa nacional de la CTA, entre ellos: Pedro Wasiejko, Marcelo Frondizi, el titular de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, el titular de la Federación de Tierras y Viviendas (FTV), Luis D’ Elia y Edgardo Depetri del frente Transversal.

Anteproyecto de ley de Prevención de Riesgos y Reparación de daños Laborales

Víctor de Gennaro: Anteproyecto de prevención de riesgos y reparación de daños laborales
Por Equipo de Comunicación CTA Rosario - Tuesday, Jul. 24, 2012 at 11:39 PM

Martes 17 de julio de 2012- Víctor De Gennaro, fundador de la CTA y diputado nacional presentó en nuestra ciudad el anteproyecto de ley de Prevención de Riesgos y Reparación de daños Laborales. "Frente al negocio del sistema de las ART hay una alternativa, derogar a la Ley 24.557 y crear un sistema solidario para que el trabajo no nos cueste la vida" planteó en la Charla Debate, en la que fue acompañado por el Dr. Jorge Yabkowsky, Secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional y Gustavo Terés, Secretario General de la CTA Rosario, entre otros. La jornada fue abierta por un emotivo homenaje a Germán Abdala, realizado por la compañera Leticia Quagliaro.

El histórico referente sindical argentino planteó que "el sistema actual es un negocio empresario que nada tiene que ver con la protección de la vida... fallecen anualmente más de 7.500 trabajadores por causas relacionadas con las condiciones de trabajo. Cada día, cuatro trabajadores mueren por accidentes laborales, y otros 16 por enfermedades vinculadas con el medio ambiente laboral. Es por esto que decimos que la actual Ley es una estafa contra la salud pública y los trabajadores".

De Gennaro habló de este proyecto como "un viejo proyecto (de ley) que hemos venido impulsando desde la Central de los Trabajadores de la Argentina, hoy mucho más perfeccionado, para trabajar con lo que es la otra pata de la seguridad social. Se habían privatizado las administradoras de fondos de pensión privadas, que hoy ya no existen; y se había privatizado la seguridad social respecto a la prevención de accidentes y reparación de daños, los famosos negociados de las ART. Son un verdadero negocio financiero donde se tabula cuánto vale un brazo, cuánto vale una vida. Pero es nada más que un negocio financiero".

"Que el trabajo no nos cueste la vida"

Víctor De Gennaro: - En la práctica se mueren más de 7000 compañeros por año, más de 20 personas, trabajadores y trabajadoras, que fallecen a causa de accidentes de trabajo. 4 de ellos son accidentes directos y 16 por enfermedades laborales, tumorales, cardiovasculares, infectocontagiosas, etcéteras. Ni que decir los accidentados que existen.

Hoy en día, la mitad de los trabajadores no están en ninguna cobertura. Son 8 millones 800 mil compañeros y compañeras no tienen ninguna cobertura. Por eso impulsamos este proyecto, que termine con el negocio de las ART, que genere democratización en la vida cotidiana, que haya un delegado de prevención en cada lugar del trabajo. Este proyecto de Ley permite en serio que el trabajo no nos cueste la vida. La Ley actual sólo se mantiene para beneficiar a las empresas aseguradoras con la complicidad de muchos sindicatos, obviamente, que formaron ART y pretenden mantener un sistema de semi-esclavitud en toda la precariedad laboral.

Nuestro proyecto de Ley tiene tres aspectos claves, una es la generación de un banco, que sería el Banco Nacional, que permitiría mantener con el aporte de lo que hoy se paga en las ART, jerarquizando a todos, la posibilidad de tener un financiamiento adecuado para la prevención, la atención de cualquier accidente. Se replicaría ante cualquier emergencia y se podría atender en cualquier lado.

Hoy en día, uno va ante una emergencia y tiene que andar dirigiéndose a la obra social porque no lo atiende cualquier clínica, el hospital público es un problema, en realidad acá no habría necesidad de estar legalizado o no legalizado, cualquier trabajador tendría la cobertura. Insistimos: las ART sólo cubren la mitad del total, 8 millones de trabajadores, el resto no.

Acá habría una entidad que se dedicaría a llevar las políticas de prevención, estadísticas, políticas de propaganda. Habría, sí, la participación directa de los trabajadores, quienes tendrían la elección de un delegado de prevención en todos los espacios de trabajo. Un delegado que sería electo democráticamente, claro.

Esto va en contra de esta política que tiene el gobierno de no permitir delegados en los sectores de trabajo. Hay muchas dificultades, ustedes saben. En muchos lugares no se deja elegir delegados o no se reconoce a los sindicatos. Y en ese sentido, hay que avanzar en la democratización del sindicalismo, con la participación de los delegados, que más allá del sindicato que tengan, o ninguno, serían los legítimos representantes de los trabajadores.

El Estado cuando interviene es para beneficiar a los grupos económicos, no para defender a la gente. El Estado Nacional, que es quien debería controlar esto, defiende a las ART como empresas. Es un negocio de 12 mil setecientos millones de pesos anuales. Tres de las ART están dentro de las 200 empresas más grandes del país y 16 de las 24 restantes, dentro de las 1000 empresas más grandes del país. O sea que estamos hablando de un negocio importante. Claro, recordemos que esto fue un invento de Menem y los empresarios, fue el símil de las Administradoras de Fondo de Pensión Privadas.

Políticas de prevención que evitarían esto, 20 muertes por día. Ante esto a las autoridades no se les mueve un pelo. La verdad es que tendrían que estar preocupados, para evitar la muerte por ir a trabajar.
Compartimos a continuación una síntesis del Anteproyecto de Ley

Lineamientos de la ley

El anteproyecto de Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños e Incapacidades Derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales parte de una visión integral de la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo y constituye un cambio de paradigma en relación al régimen vigente ya que remplaza a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como gestoras del sistema por una entidad sin fines de lucro y en cuya administración de carácter tripartito participan los trabajadores: el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. Ello además de fomentar la participación de los trabajadores en el diseño y control de las acciones de prevención; asegurar la reparación integral de los daños sufridos por accidentes de trabajo enfermedades laborales y de establecer la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones, entre otras tantas previsiones de suma importancia.

Ámbito de aplicación (art. 3): comprende a toda relación de trabajo, quedando así incluidas tanto las relaciones de trabajo de derecho privado como aquellas que se prestan en la esfera de las administraciones públicas en cualquiera de sus niveles, con la única exclusión de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Comprende también a los trabajadores rurales, del servicio doméstico, y quienes presten cualquier forma de trabajo en establecimientos penitenciarios en régimen de privación de la libertad. De igual modo, sus disposiciones se aplican a las sociedades, asociaciones y cooperativas en las que existan socios o asociados cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal como así también a las relaciones alcanzadas por el “Sistema de Pasantías Educativas” regidas por la ley 25.165 y demás normas complementarias, becarios, aprendices, trabajadores autónomos, trabajadores voluntarios, personas obligadas a la prestación de servicios de carga pública y a toda persona que preste un servicio laboral y que como contraprestación reciba retribución monetaria y/o en especie.

Para alcanzar los objetivos declarados de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y reparar los daños e incapacidades ocasionados por accidentes del trabajo y enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación y recalificación laboral de los trabajadores damnificados (art. 1) el anteproyecto se estructura a partir de dos ejes fundamentales: la prevención y la reparación.

La ejecución de las políticas y gestión del sistema que abonan al cumplimiento de tales fines está a cargo de cuatro instituciones: La Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral (art.8) cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo así como la promoción y apoyo al mejoramiento, la vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y sobre higiene y seguridad en el trabajo. Se le asignan actividades científico-técnicas entre las que se encuentra la de administrar por sí el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del siniestro, la empresa en la que ocurrió, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad por empleador y por actividad. Debe llevar también el registro de enfermedades laborales y desarrollar los estudios estadísticos sobre epidemiología laboral. Está a su cargo fomentar la cultura de la seguridad mediante la sensibilización de la pública. Tiene funciones de vigilancia y control de la normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo y sobre prevención de riesgos laborales; de asesoramiento a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada, etc. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral (art. 12), como órgano asesor en materia de políticas de prevención de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de las administraciones del trabajo de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará integrada por representantes de cada región en que se divida el territorio nacional.

Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (art. 61): que estará a cargo de la gestión de las prestaciones dinerarias y en especie (brindar asistencia médica y farmacéutica, suministrar prótesis y ortopedia, proveer la rehabilitación; recalificación profesional; y el servicio funerario –art.8–) y demás acciones previstas en el anteproyecto de ley y funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad económica, financiera y administrativa. Es destacar que el gobierno y administración del Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales estarán a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional cuya composición tripartita integrada por los representantes de los trabajadores.

Comisiones Médicas (art. 82): encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o la enfermedad; el carácter y grado de la incapacidad; el contenido y alcance de las prestaciones en especie, cuando existiera discrepancia entre las partes. Es de destacar que los damnificados pueden optar por someter el conflicto a la decisión de las comisiones médicas o concurrir directamente ante los respectivos Tribunales del Trabajo.

El anteproyecto reconoce expresamente los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores (arts.18 y 36) y establece la consulta obligatoria para los empleadores que pretendan adoptar medidas en algunos supuestos (art. 35), limitando y condicionando en favor de la salud de los trabajadores, el derecho de organización reconocidos por el orden jurídico a los empleadores a través del derecho de participación de los trabajadores.

En igual sentido, es muy significativa la instauración de los Delegados de Prevención (art. 37) designados por voto directo y secreto de los trabajadores de la empresa, en cuya representación cumplen funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo (art. 42) como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica y supervisión de las actuaciones de la empresa o explotación en materia de prevención de riesgos.

Cobra singular importancia en términos de protección integral de la salud del trabajador la novedosa incorporación dentro del marco tutelar dispuesto por el anteproyecto de la ley a las enfermedades derivadas de los factores de Riesgos psicosociales (art. 26), entendiéndose por éstos a los riesgos laborales derivados de las interacciones entre el contenido, la organización, y la gestión del trabajo y de las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades del trabajadores, por otra. Protección de la maternidad: Se establece la obligatoriedad del empleador de evaluar los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente y de adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a los riesgos específicos que puedan influir negativamente en la salud de la mujer, del feto o del hijo en período de lactancia (art. 27).

El anteproyecto de ley impone la responsabilidad solidaria de las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras y o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo por las consecuencias derivadas del incumplimiento de la normativa sobre salud y prevención de riesgos laborales (art. 24).

Reparación Integral: La reparación de los daños derivados del trabajo está a cargo del Banco. Sin embargo, la ley reconoce el derecho de los trabajadores damnificados o sus derechohabientes o herederos declarados en juicio a reclamar ante el empleador responsable de la contingencia la reparación de los daños y perjuicios que pudiera corresponderles de acuerdo a las normas del Código Civil, de las que se deducirán únicamente el valor de las prestaciones por incapacidad permanente definitiva que hayan percibido del BSATyEL (art. 92). Se asegura de este modo el derecho a la reparación integral del daño sufrido por el accidente de trabajo, enfermedad laboral o accidente in itinere.En relación a ello, se dispone la posibilidad que los empleadores contraten una póliza de responsabilidad civil adicional (art. 93) para hacer frente a las demandas en las cuales se les impute responsabilidad y por las que deba responder de acuerdo a las normas del Código Civil a las que refiere el párrafo anterior.

Competencia: el anteproyecto dispone que sea la justicia ordinaria del trabajo (art. 103) la encargada de dirimir los conflictos en los cuales se diriman conflictos relacionados con la aplicación de las disposiciones previstas en el anteproyecto de ley.

Discriminación: El anteproyecto de ley establece una tutela especial (art. 98) de dos años para aquellos trabajadores que se reintegren al trabajo luego de haber sufrido un accidente o una enfermedad laboral y sean despedidos por el empleador. La norma presume, salvo prueba en contrario, la motivación discriminatoria del despido y otorga al trabajador la potestad de solicitar su reincorporación o exigir una indemnización especial adicional a las indemnizaciones comunes que le correspondan. Deber de seguridad del empleador y derecho del trabajador a rehusarse a prestar tareas en caso de peligro inminente: El anteproyecto propone el retorno a la redacción original del art. 75 de la ley 20.744 en el cual se establece además del deber de seguridad a cargo del empleador, la posibilidad que el trabajador rehúse la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, cuando le fuera exigido trabajar en trasgresión a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo y exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora.
Equipo de Comunicación CTA Rosario.

El 30 marchamos al Congreso a presentar nuestro proyecto de Ley

Este 30 de agosto, a las 13 hs., marchamos hacia el Congreso de la Nación para presentar oficialmente el proyecto de Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral elaborado por la CTA y presentado por nuestro compañero y diputado nacional Víctor De Gennaro y el Bloque de la Unidad Popular.


Hacia un modelo con más libertad y democracia sindical.

Por Hugo Yasky / Secretario General CTA
 de los trabajadores
La fractura de la CGT es, por estos días, motivo de distintas interpretaciones en las que el gran ausente siempre es el trabajador de a pie. Mucha saliva y mucha tinta malgastada para dar cuenta del supuesto recelo de los sectores empresarios ante el nuevo mapa de dispersión gremial, o para hablar del reacomodamiento de los cacicazgos sindicales como si fuera del libro de pases de la AFA, o para hacer una suerte de exhibicionismo de las roscas políticas de los que quedaron de una y otra orilla.
Todo exhibido por el Grupo Clarín y Cía. como en la vidriera de un cambalache. 

Un día, Moyano empapelando la ciudad con la foto de un cónclave de los gordos y de título “El regreso de los muertos vivos”. Luego, a vuelta de página, el mismo Moyano convocando a la Plaza de Mayo con el Momo Benegas y Luis Barrionuevo para emancipar a los trabajadores de la opresión del gobierno kirchnerista. 

Un horror que sólo le sirve a la derecha y a los grupos dominantes para intentar demostrar que el sindicalismo se encuentra en avanzado estado de descomposición.  
Para ello les viene como anillo al dedo involucrar al gobierno como responsable de la fractura de la CGT y, de paso, enlodar a nuestra CTA metiéndola en la misma bolsa, como si fuese lo mismo la denuncia de fraude en una elección directa -con un padrón de alcance nacional, comprobado por un Tribunal Arbitral Autónomo y condenado por la Justicia Laboral- que la pulseada en la cúpula de la CGT en la que, salvo pocas excepciones, lo que está en disputa son hegemonismos ligados a proyectos de poder personal.

En el relato de los multimedios de la clase dominante se oculta sistemáticamente que ya van transcurriendo casi cinco décadas de fractura en el interior de la CGT, cuando Augusto Timoteo Vandor, por un lado, y Amado Olmos por el otro, encarnaron dos vertientes que están en el ADN del movimiento obrero argentino. 
La de quienes privilegiaban la defensa del aparato y de las prebendas derivadas de la asociación de intereses con las patronales. Y la de quienes militaron por un sindicalismo comprometido con la lucha por un proyecto de liberación nacional y social, resistiendo y confrontando con el modelo de país para pocos de los grupos dominantes y sus socios externos. 

Esas dos vertientes se expresarían con distintos nombres y en distintas circunstancias a lo largo de nuestra historia. La propia CTA, que muchos talibanes condenaban como una herejía contra el mito de la “unidad monolítica”, es parte de esa línea histórica en la que el mencionado Olmos, Atilio López, Agustín Tosco, Isauro Arancibia y Germán Abdala –entre muchos otros-, constituyen referencias insoslayables en la construcción de nuestra propia identidad colectiva. 

Ocultando esta historia y revolviendo todo en el mismo lodo, los multimedios y sus deformadores de opinión muestran estas divisiones del movimiento sindical como consecuencia directa de la malicia de CFK, para arribar groseramente a la conclusión de que ahora, con un gremialismo fraccionado, los trabajadores serán víctimas de los atropellos de la Casa Rosada, que así como embistió contra los grupos sojeros, contra las AFJP, contra el grupo Clarín, contra REPSOL, etc., ahora también se los llevará por delante a ellos. Salvo que un Moyano devenido repentinamente en opositor, remando contra la corriente kirchnerista, los pueda conducir a la otra orilla donde los esperan, con los brazos abiertos, Scioli, Macri, De Narváez, Duhalde y algunos otros personajes por el estilo, siempre dispuestos a sacrificarse por la causa obrera. 

Lo cierto es que inventan cosas que no existen y hacen lo imposible para reclutar opositores que convierten sin pudor de villanos en héroes de la lucha obrera contra la opresión, porque no pueden admitir que el sentido común de los trabajadores esté a años luz de la realidad que pretenden imponer desde su perspectiva, que es la de la clase dominante. No pueden admitir que del 2003 a la fecha se hayan creado más de 4.000.000 de puestos de trabajo que, además de inclusión social, produjeron la revitalización de muchas organizaciones sindicales que se estaban quedando sin afiliados, a partir de la incorporación de trabajadores jóvenes en sectores de la industria como la metalúrgica, automotriz, textil, del neumático y otras. 

Trabajadores jóvenes que, dicho sea de paso, en la mayoría de los casos se afilian a sus respectivos gremios pero que no participan activamente de la vida sindical, porque muchos son repelidos de entrada por los dispositivos burocráticos de los aparatos que superviven al amparo de la vieja legislación y, muchos otros, porque no se sienten convocados ni piensan que puedan modificarse las anquilosadas prácticas de la burocracia sindical.
Sin embargo, el resurgimiento de la militancia política juvenil de alguna manera reverbera también en los ámbitos laborales. 

Por eso es justo señalar que, de modo incipiente, estas nuevas generaciones empiezan a mostrar algunos cambios importantes. Es desde el aporte de estas camadas de trabajadores que es posible pensar en rupturas de los viejos códigos, para sustentar experiencias de cambio desde la base misma de los sindicatos. Por eso es que todo este escenario de reacomodamientos a nivel de la cúpula cegetista -que pretende ser mostrado con espectacularidades, en realidad, mucho ruido y pocas nueces. 

Esto sin hablar de la involución de quienes, en un giro de 180 grados, quieren arrastrar al movimiento obrero atrás de los que tratan de socavar a este gobierno, lo que equivale a la anacrónica pretensión de asignarle a la clase trabajadora, en esta etapa de ofensiva del campo popular en varios países de la región, el triste papel de ser furgón de cola del núcleo más reaccionario, constituido por los popes empresarios, los ruralistas y los dueños de los multimedios.

Esta enorme contradicción demanda poner en debate cambios del modelo sindical que vayan a fondo.
La clase trabajadora y el movimiento sindical, que en la tradición política de la Argentina tienen un peso importante, no pueden ir a contrapelo de un proceso que plantea escenarios de confrontación cada vez más agudos entre los sectores populares y el poder fáctico. Esos cambios tienen que propiciar que haya más democracia, más transparencia y más protagonismo de los trabajadores en las decisiones de las organizaciones gremiales. 

Se hace impostergable para ello modificar las leyes que limitan la plena vigencia de la democracia y la libertad sindical, promoviendo métodos democráticos de elección de los cargos de representación en todos los niveles, ilegalizando las prácticas que naturalizan el fraude y la proscripción de las listas opositoras, incorporando la representación de las minorías, la creación de instancias de control para terminar con las cajas negras y toda forma de sindicalismo empresario. 

Estos cambios no pueden seguir siendo postergados ni estigmatizados con el pretexto de la defensa de la Sagrada Familia ya que, lejos de debilitar al movimiento sindical, lo van a fortalecer devolviéndole representatividad, transparencia y credibilidad.
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